Tengo el honor de presentarme, ante esta honorable Asamblea y ante el
pueblo dominicano, en ocasión de la celebración del día de nuestra
independencia patria, para realizar mi primera rendición de cuentas como
Presidente de la República Dominicana.
Esta es una ocasión solemne que me honra especialmente realizar este
año, en que celebramos el bicentenario del nacimiento de Juan Pablo
Duarte, libertador de nuestra tierra, ejemplo e inspiración de todos los
dominicanos.
Además, mi honor es doble, porque hoy exactamente, a esta misma hora,
en 1963 asumió el poder el Profesor Juan Bosch mi mentor, maestro y
líder. Por lo que, hoy, también celebramos el 50 aniversario del primer
presidente libremente elegido, después de la dictadura, por el pueblo
dominicano.
Un hombre que con su ejemplo, conducta y carácter se convirtió en el
paradigma moral de la historia contemporánea de nuestro país.
El amor a la patria, inspirado por Duarte y cultivado junto al
profesor Juan Bosch, es la energía incansable que, incluso en los
momentos más difíciles, me impulsa a seguir trabajando y luchando
siempre por nuestra gente. Ahora, desde la Presidencia de la República,
tengo el honor y la satisfacción de poder servir a este país que siento
en mi corazón.
Y las acciones que realizamos cada día, pueden estar seguros, no son otra cosa que el fruto de mi compromiso con el país.
Señores legisladores,
Hoy, tras haber depositado las memorias de labores de todas las
instituciones del Estado correspondientes al año 2012, estoy de nuevo
ante ustedes y ante nuestro pueblo para rendir cuentas sobre los avances
alcanzados y compartir con mis conciudadanos algunas de las tareas y
propósitos que hemos emprendido desde el 16 de agosto pasado.
Aun nos queda mucho camino por recorrer juntos, pues ningún programa
de gobierno se completa en 6 meses. Pero ya puedo hablarles de un gran
número de acciones que se han realizado, de otras que están en marcha y
de algunas que no han comenzado, pero ya tienen fecha de inicio y pronto
se harán realidad.
Amigos y amigas,
El rumbo que nos trazamos desde el principio es claro y no ha
cambiado. Las personas, el pueblo dominicano, son el centro de todas las
políticas. Partiendo de ese rumbo claro, pusimos como primera prioridad
de nuestro trabajo la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Esa es
nuestra meta inmediata más importante y la condición sin la cual todas
las demás políticas y proyectos no tendrán sentido.
Veamos ahora en qué se ha traducido esa intención de que las personas sean el centro de todas las políticas.
En primer lugar, se ha traducido en presupuesto, en asignación de
recursos. Hemos diseñado un presupuesto anual en línea con las metas del
programa de gobierno, que se traducirá en mejores servicios y atención a
las personas. Dicho de otra forma, estamos invirtiendo en nuestra gente
como nunca antes.
Eso tiene amplias implicaciones, algunas de ellas las conoce muy bien el pueblo dominicano.
Significa, en primer lugar, que hemos cumplido el compromiso de
asignar al menos el 4% del PIB para la educación preuniversitaria y
elevar la asignación para la educación superior. Y con ello se persiguen
dos fines al mismo tiemp cumplir lo que manda la ley, que es el más
sagrado deber de todo gobernante, y empezar a enderezar el rumbo de
nuestra educación, tan mal calificada por las evaluaciones
internacionales.
Hoy, puedo decir con orgullo y satisfacción que la vieja aspiración
de la sociedad dominicana, de que se asigne el 4% del PIB a formar a sus
hijos, es una realidad. Y quiero aprovechar esta ocasión para felicitar
a nuestro pueblo por este logro, que nos pertenece a todos.
Ahora estamos concentrando nuestro empeño en asegurar que esos
mayores recursos se usen para tener impactos tangibles sobre la calidad,
equidad y cobertura de nuestro sistema educativo y evitar que sean
absorbidos por la ineficiencia o cualquier práctica incorrecta.
Estamos ante una oportunidad pocas veces vista en nuestra historia
para impulsar una verdadera transformación del sistema educativo.
Parte de esa transformación es también la puesta en marcha del más
ambicioso Plan nacional de alfabetización de nuestra historia:
“Quisqueya Aprende Contigo”. Un esfuerzo de todo el país que hará
posible que más de 850 mil jóvenes y adultos tengan la oportunidad, en
los próximos dos años, de integrarse al sistema educativo y hacer
realidad su derecho a la educación.
El pasado 16 de agosto les prometí que el plan se iniciaría el 7 de
enero. Hoy, 40 días más tarde, hay 100 mil personas que acuden a sus
núcleos de aprendizaje, en todo el territorio nacional, y alrededor de 7
mil alfabetizadores voluntarios los orientan en su formación. Al
concluir el año habremos logrado incorporar al menos medio millón de
personas analfabetas, con más de 30 mil alfabetizadores.
Expreso mi reconocimiento a todos los entes gubernamentales, los
senadores, diputados, autoridades municipales, universitarios,
dirigentes de organizaciones de la sociedad, autoridades religiosas, a
la cooperación internacional y a todos quienes con su esfuerzo están
haciendo realidad esta hermosa gesta nacional.
Pocas veces hemos vivido una iniciativa tan plural y unitaria.
Estamos mostrando que juntos podemos lograr metas que parecían
imposibles. Exhorto a nuestra juventud a continuar incorporándose como
voluntarios.
Invito a todos los jóvenes o adultos no alfabetizados a dar un paso
adelante, a aprovechar esta oportunidad única para una vida mejor para
su familia y su comunidad. Ustedes son los verdaderos héroes, y así los
reconoce la sociedad.
Todos, unidos, vamos tejiendo las redes de solidaridad que cubren
cada rincón de nuestra patria. Ahora es la oportunidad. Que ninguna
persona se quede sin aprovecharla.
Quiero anunciar también que, en pocos días, presentaremos al país
otro importante Plan Nacional, esta vez destinado a proteger nuestro
bien más preciad nuestros niños y niñas.
Vamos a ampliar considerablemente la cobertura y protección de la
infancia de cero a 5 años, para acompañar y apoyar a las familias en el
desarrollo de sus hijos durante esa etapa crucial de la vida. Queremos
asegurarles atención integral, incluyendo protección, nutrición, salud,
educación, afecto y estimulación psicomotora, que les permitan
desarrollar todas sus capacidades. Vamos a impulsar una nueva generación
de dominicanos y dominicanas.
Ellos son hoy la felicidad de nuestros hogares y serán mañana quienes
llevarán sobre sus hombros a la nueva República Dominicana. En el
presente año construiremos 100 nuevas estancias infantiles y
habilitaremos 100 Centros Comunitarios y sus redes familiares.
Al concluir el actual periodo gubernamental, contaremos con 330
estancias infantiles y mil 100 Centros Comunitarios con sus redes
familiares, que atenderán a 426 mil familias y 528 mil niños menores de 5
años. Esto será más de 5 veces la capacidad acumulada en toda la
historia del país.
Simultáneamente ampliaremos, en este periodo, la disponibilidad de
educación pre- primaria hasta más del 90% de los niños de 5 años de
edad, lo que significa sumar casi 200 mil niños al sistema educativo.
Con el impulso entusiasta del despacho de la Primera Dama de la
República, estamos desarrollando una red de 5 Centros de Atención
Integral para niños de 0 a 10 años con discapacidades, en diversas
regiones del país. El primero de ellos ya se está construyendo e
iniciará su funcionamiento este mismo año, respondiendo así a una
necesidad muy sentida de nuestra sociedad.
Hemos comenzado a implementar también otro de nuestro principales
compromisos con la educación: me refiero a la tanda extendida. A la
fecha, más de 33 mil alumnos ya se han incorporado a ese sistema con
éxito, y nuestro objetivo es que el próximo agosto esa cifra ascienda a
200 mil.
Para que el proyecto fuera posible, se decidió duplicar el
presupuesto destinado a alimentación escolar. Concretamente, dicho
presupuesto para este año será de casi 6 mil millones de pesos, lo que
hará posible, no solo sumar a los nuevos alumnos de la tanda extendida
que recibirán desayuno y almuerzo, sino también incrementar la calidad
de raciones alimenticias.
Esto va a permitir que cerca de un millón y medio de niños y
adolescentes del nivel inicial y básico, reciban una alimentación en el
desayuno adecuada a los estándares internacionales, establecidos por el
Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas.
Paralelamente, se puso en marcha la construcción de 10.000 aulas y
sus respectivas cocinas y comedores. Esta iniciativa de edificaciones
escolares, señoras y señores, no solo es pionera por el número de obras
que se van a realizar en un año, sino también porque, por primera vez,
la asignación se realizó mediante sorteos públicos, abiertos y
transparentes, que han beneficiado con contratos a 919 ingenieros de
toda la geografía nacional. Y a ninguno de ellos se le preguntó el color
de su partido.
Muchos de esos hombres y mujeres nunca antes habían recibido una obra
del Estado y eso ha significado un gran cambio en sus vidas.
Es importante hablar de las cocinas y comedores, si me permiten el
paréntesis, porque esas instalaciones garantizan la salubridad de la
alimentación y la dignidad de nuestros hijos, al recibir su comida en
lugares bien acondicionados.
De la misma forma, el programa de alimentación escolar se está
esforzando en comprar los insumos a nuestros productores y en promover
la asociación y participación de las familias, contratando mano de obra
local; porque no solo es una forma de darles una dieta saludable a
nuestros niños, sino también la manera de apoyar los ingresos de sus
padres y madres.
El programa se completará en fechas próximas con la elección del
“Pupitre dominicano”. El concurso que convocó el gobierno ha recibido ya
alrededor de 480 propuestas que pronto serán evaluadas para anunciar el
ganador. Podemos decir, con mucho orgullo, que las próximas
generaciones estudiarán en un pupitre diseñado y producido por manos
dominicanas.
También, se abrieron las puertas del colegio Comunitario Tecnológico
en San Luís, obra que fue finalizada por la administración anterior,
para fortalecer la formación técnica y profesional de la juventud.
Nuestro compromiso con la gente se refleja, no solo en educación,
sino también en forma de programas de apoyo directo a las familias que
más nos necesitan.
Por poner solo un ejemplo, en los últimos meses 15 mil nuevas
familias se integraron al programa Progresando con Solidaridad, que
dirige la Vicepresidenta de la República Dra. Margarita Cedeño de
Fernández. El programa ahora incluye también orientación permanente, a
través de visitas domiciliarias y la vinculación a servicios del Estado.
De esta forma, se acompaña a los participantes en su proceso de
desarrollo durante al menos dos años, con el objetivo de abrirles las
puertas a nuevas oportunidades.
Dominicanos y dominicanas,
Si bien nuestro primer compromiso es con los que menos tienen, y
avanzar hacia una Quisqueya sin Miseria, también estamos fortaleciendo a
la clase media, clave para mejorar la calidad de vida, garantizar la
expansión del mercado interno y la estabilidad política y social.
Sabemos que una parte importante de nuestras clases medias mantienen
un equilibrio precario entre sus ingresos y sus gastos. Contribuyen,
significativamente, con el pago de sus impuestos y, sin embargo,
tradicionalmente, no han tenido acceso a servicios públicos de calidad y
han debido cargarlos a su presupuesto familiar.
En definitiva, se han visto obligados a buscar soluciones
individuales a necesidades que deberían ser cubiertas por el sistema
público.
Para darles respuesta, hemos comenzado por elevar la eficacia del
gasto público y garantizar que hasta el último centavo del dinero
público se destinará a satisfacer las necesidades de la gente y a
ofrecer servicios públicos de calidad, que alivien la carga que
actualmente soportan las familias de clase media.
Lo más importante es garantizar a los ciudadanos que el Estado está
para servirles. Estamos iniciando un nuevo esquema de gestión de las
finanzas públicas, con la seguridad de que vamos a evitar gastos
innecesarios e irracionales. Todo esto es fundamental para hacer que los
dominicanos y dominicanas se sientan identificados con su Estado, que
lo perciban como algo suyo, porque contribuye a satisfacer sus
necesidades.
En definitiva, es nuestra forma de dar ejemplo y mostrar con resultados que financiar al Estado no es botar el dinero.
La salud pública es otro buen ejemplo de esa mejora en los servicios que hemos comenzado y que vamos a seguir profundizando.
Quiero compartirles un solo dato que resume los resultados del
complejo trabajo de reestructuración de la atención primaria y
especializada que está realizando el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social: En estos seis meses hemos duplicado el total de
servicios prestados a la población a través de la red pública de salud.
En el presente año pondremos en funcionamiento 70 nuevas Unidades de
Atención Primaria y 19 Centros de Diagnóstico del primer nivel, con una
inversión de alrededor de 200 millones de pesos.
Estamos en proceso de remodelar y ampliar, con más de 300 camas, la
Ciudad Sanitaria Luís Eduardo Aybar, antes conocida como hospital
Morgan, para materno infantil, para quemados e internamiento general.
En la Ciudad de la Salud, en Villa Mella, obra que fue concluida por
la administración anterior, este año abriremos 150 camas pediátricas,
150 camas de maternidad y 150 de hospital general, además de inaugurar
el nuevo hospital Oncológico en el Distrito Nacional, que también fue
concluido por la administración anterior.
Por otra parte, abriremos este año los pequeños hospitales de Partido
en Dajabón, Baytoa y Hato del Yaque en Santiago, y el de Salinas en
Barahona. Junto a estos, estamos invirtiendo en el mejoramiento de la
planta física y equipamiento de 16 hospitales adicionales.
Nuestro compromiso con la reducción de la mortalidad materna e
infantil también se ha plasmado en acciones concretas: Intensificamos
los servicios de urgencias obstétricas en los hospitales priorizados y
se puso en funcionamiento una nueva unidad de perinatología en la
Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, así como salas de cirugía
pediátrica en diferentes centros.
Nuestra meta es que no muera una madre, ni un solo infante, por falta de atención adecuada.
Por otra parte, hemos eliminado los cobros a los pacientes en 36
hospitales y, antes del final de este año, se eliminarán en la gran
mayoría de los centros de salud del país. El Estado ha dispuesto la
asignación de 400 millones de pesos para suplir lo que antes se cubría
con esa cuota.
Actualmente se está diseñando el Fondo para Enfermedades de Alto
Costo, o enfermedades catastróficas, que entrará en vigor este año. Así,
vamos a reducir el impacto negativo de los costos sanitarios en el
presupuesto de las familias pobres y de clase media. Ya se le han
asignado 500 millones de pesos, los cuales serán progresivamente
ampliados, al tiempo que se desarrollan los mecanismos para asegurar su
correcta administración y gestión, mediante una coordinación entre el
Ministerio de Salud y SENASA.
Junto a estas medidas, la centralización de compras de medicamentos a
través de PROMESE/CAL, contribuye a una mayor transparencia y a que el
acceso a la salud no sea un lujo, sino cada vez más un derecho de
nuestro pueblo.
Además, hemos avanzado en nuestro compromiso de tener, al menos, una
Farmacia del Pueblo en cada municipio del país. A la fecha ya se han
abierto 18 nuevas farmacias y está previsto que este año abran sus
puertas las 52 restantes para completar esta promesa.
Simultáneamente, reitero el compromiso de nuestro Gobierno para
lograr que el Seguro Familiar de Salud ofrezca los mejores estándares de
calidad y atención sanitaria a la población. De esta forma,
contribuimos efectivamente a reducir la pesada carga de las atenciones
de salud en el presupuesto familiar.
Reitero, así mismo, nuestro compromiso de incluir a 1 millón 300 mil
dominicanos más en el régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud en
el presente periodo y, en consonancia con esa decisión, este año
aumentamos su presupuesto en más de 23%, para acercarnos progresivamente
a nuestra meta.
Señores legisladores,
Invitados especiales,
Les dije que gobernaría para todos y todas, sin distinción de colores partidarios, y así lo estoy haciendo.
Prueba de ello es el Plan Nacional de Asfaltado que lleva a cabo el
Ministerio de Obras Públicas desde nuestro primer día de gestión, en
coordinación con todos los municipios y distritos municipales del país,
independientemente del partido que los dirija.
Con todos ellos, el Ministerio se ha reunido para escuchar sus
necesidades de asfaltado y facilitarles material, combustible e incluso
maquinaria y mano de obra cuando la precisan, para asfaltar sus calles.
En todo el país estamos viendo como avanza esa labor y ya se han
rehabilitado 230 kilómetros de carreteras, calles y avenidas. Además, el
Ministerio está interviniendo en cerca de 1.500 kilómetros de
carreteras y caminos en todo el territorio Nacional.
Como saben, la construcción de viviendas populares es otra iniciativa
que impulsamos desde el primer día de gestión, con el objetivo de
garantizar un hogar digno a nuestras familias. En este sector, nuestro
trabajo se encamina en dos direcciones: por un lado, atendiendo los
requerimientos de las comunidades que habitan en zonas de mayor riesgo. Y
por otro, trabajando de la mano con el sector privado para hacer
posible el acceso al crédito y la construcción masiva de viviendas para
las clases populares y medias.
En lo que se refiere a las zonas de riesgo, en estos meses hemos
iniciado las gestiones para dar respuesta a este drama en dos de las
zonas que más han sufrido históricamente los efectos de los fenómenos
naturales. Me refiero a La comunidad de la Barquita y al área del lago
Enriquillo.
Del saneamiento del Lago se va a beneficiar toda la región y, como
parte del plan, está previsto que se reubique a 560 familias. Además, el
INDRHI tiene varios proyectos en marcha en la zona, a fin de controlar
los flujos de agua proveniente del río Yaque del Sur y conducirlos hacia
el Mar Caribe. A su vez, las obras conexas en la cuenca baja de la zona
del Sur impedirán que las aguas del lago crezcan e inunden las
comunidades.
Por su parte, la Comisión para la Readecuación de La Barquita ya está
trabajando en la zona. Fueron finalizados los estudios hidrológicos y
de suelo, así como el censo de los pobladores y sus viviendas. En breve
plazo se llamará a una licitación para el diseño del proyecto y,
posteriormente, se contratarán, mediante concursos públicos y
competitivos las obras de infraestructura.
Paralelamente, el Instituto Nacional de la Vivienda mantiene el
proceso de construcción de proyectos integrales de viviendas de interés
social y, desde agosto pasado hasta ahora, ha terminado mil ocho
unidades habitacionales, que fueron prácticamente concluidas en la
administración anterior, distribuidas en 12 municipios y 10 provincias
del país. Actualmente, se encuentra en proceso de licitación pública
internacional la construcción de otras 800 viviendas adicionales, con
financiamiento de la Corporación Andina de Fomento y el Estado
Dominicano.
En lo que se refiere a impulsar proyectos público-privados, la
Comisión Presidencial para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y
Fideicomiso estará lista en los próximos 45 días para llamar a
licitación pública y contratar el diseño del proyecto Ciudad Juan Bosch,
que contempla la construcción de 35.000 viviendas en los próximos 7
años.
Para la ejecución del proyecto, el Estado aportará a un fideicomiso cerca de 3 millones de metros cuadrados de terreno.
Por su parte, el sector privado, aportando sus propios recursos,
financiamiento de la banca y emisiones públicas que puedan ser
adquiridas por los fondos de pensiones, se encargará de la construcción.
Señoras y señores,
Por supuesto, no puedo seguir hablándoles de cuidar de la gente sin referirme a la seguridad ciudadana.
Conozco y comparto, desde lo más profundo de mi corazón, el dolor y
la preocupación de muchas familias que han sido víctimas de la violencia
y la delincuencia en nuestras calles.
Créanme si les digo que no pasa un día sin que trabajemos para mejorar esta situación.
Hemos designado una comisión conformada por los Ministros de Interior
y Policía, Presidencia de la República, Procurador General de la
República y el Jefe de la Policía, para que trabajen en la presentación
de un plan de seguridad ciudadana.
Sin embargo, por su importancia y complejidad, este es un asunto que
debe ser tratado con total responsabilidad y en el que no hay espacio
para la improvisación.
Nuestro país ya ha pasado por diferentes experiencias que no han dado los resultados esperados.
Teniendo esto en cuenta, los equipos de trabajo han tenido que
realizar una evaluación profunda de muchas variables hasta llegar a una
propuesta consensuada, sólida y que dé respuesta a las necesidades
reales del país.
Hoy quiero anunciarles que ese proceso culminó y que en la segunda
semana de marzo le estaremos presentando a la población el Plan Nacional
de Seguridad Ciudadana.
Una iniciativa integral, que deseamos se convierta en política de
Estado y que está diseñada para atacar de forma simultánea la
delincuencia y sus causas profundas.
También quiero anunciarles, particularmente a los habitantes de la
ciudad de Santo Domingo, que a partir del día 30 del próximo mes de
marzo, pondremos en operación la Segunda Línea del Metro, en su primera
etapa. Las inversiones finales se están realizando, pues mal haríamos en
desaprovechar un esfuerzo de tal magnitud.
Ahora quiero referirme también, a una iniciativa del Ministerio de
Medio Ambiente, que está reverdeciendo nuestro país. Solo en lo que va
de gestión, se han plantado en el país 5 millones 885 mil 998 plantas.
Es decir, casi seis millones de nuevos árboles se sumarán a nuestros
bosques, priorizando las cuencas de los ríos Yuna y Yaque del Sur, por
su importancia para la producción agrícola, energética y de agua para el
consumo humano.
Además, en estos seis meses se ha dotado de centros de protección y
vigilancia a 5 parques nacionales adicionales, y para el final de 2013
está prevista la finalización de 12 nuevos Centros, para igual número de
Áreas Protegidas.
Distinguidos asambleístas,
Les prometí un diálogo permanente con el pueblo.
Les dije que regresaría a los lugares que visité durante la campaña
para cumplir con la palabra empeñada y que gobernaría siempre con el
oído en el corazón del pueblo.
Ese es el objetivo principal de las visitas que realizo cada fin de
semana a diferentes puntos del país. Mantener un diálogo permanente y de
tú a tú con el pueblo dominicano. Escuchar y dar respuesta a las
demandas reales que me plantean. Esa es la razón de ser del mandato
Presidencial. Esa es para mí la verdadera política, la que crece de
abajo a arriba, como el fruto de nuestra tierra.
Y en cada una de esas visitas, tengo siempre presente en mi mente uno
de los compromisos más importantes que he realizad la creación de
400.000 nuevos puestos de trabajo dignos.
En esos encuentros semanales estamos abriendo puertas al empleo.
Estamos identificando, en cada región y en cada pueblo, las necesidades
de nuestra gente, pero también las oportunidades y los proyectos
empresariales y de economía solidaria que solo necesitan un poco de
apoyo para salir adelante. Quiero compartirles que cada una de esas
visitas renueva mi esperanza y mi fe en este país.
Hablo con las mujeres de la cooperativa la Estrella en Bayaguana, con
los productores de plátano y sorgo de Pedernales, con los de jengibre,
de dulce, de bambú, con los empresarios del sector turístico y piens Esa
es la Patria a la que deseamos servir.
¡Cuánto entusiasmo y energía muestran por sus proyectos, que lo único
que requieren es la mano amiga de un Estado que se preocupe por ellos!
Esa es la República Dominicana que debemos apoyar para seguir creciendo,
para hacer realidad nuestro sueño de un mejor país.
Y ya hemos dado grandes pasos, pueden estar seguros.
Fruto de esos encuentros y de la labor del Banco Agrícola en todo el
territorio nacional, el crédito agropecuario se ha reactivado y, con él,
la siembra en nuestros campos.
Les daré un ejempl Sólo con las visitas al Bajo Yuna y a las
provincias de Hato Mayor, Monte Plata y El Seibo se movilizaron créditos
que van a beneficiar a más de mil 500 productores y sus familias.
Somos conscientes de que el financiamiento al sector agropecuario es
clave para el desarrollo, por eso es y será siempre una de nuestras
prioridades fundamentales.
Entre agosto de 2012 y mediados de febrero, el Banco Agrícola otorgó
12 mil 334 préstamos, por un monto total de más de 4 mil 300 millones de
pesos, que están favoreciendo a 16 mil productores. La meta para el
final de este año es que el crédito se incremente en un 35%.
Además, la tasa de interés ha bajado 6 puntos porcentuales, estamos
adaptando los plazos a las necesidades de cada proyecto y los trámites
son más ágiles, para no dejar sin financiamiento a ningún productor que
lo necesite.
Por otra parte, la renegociación de la deuda con miles de campesinos,
les permitirá retomar la actividad productiva sin verse ahogados por
los préstamos. Este esfuerzo se traduce ya en la producción de más de
600 mil tareas de tierras agrícolas y ganaderas, además del desarrollo
de otras iniciativas, como la avicultura, apicultura e incluso la
agroindustria.
Detrás de estos números está la gente.
Están, por ejemplo, los productores de mango de Baní, los de cacao de
Hato Mayor, Monte Plata y el Seibo, Gaspar Hernández, los de cebolla de
Vallejuelo, los de banano de Azua y muchos más que vamos conociendo en
cada visita. Estamos hablando de miles de hombres y mujeres que ahora
pueden generar empleo e ingresos a sus familias.
Es una auténtica revolución productiva en nuestros campos, que está ocurriendo en un tiempo récord.
Estamos empeñados en reducir las desigualdades entre el campo y la
ciudad, que expulsan a nuestros trabajadores forzándolos a migrar a las
ciudades. Por eso impulsamos una política de desarrollo integral, que
nos permita generar empleo, ingresos y oportunidades en el campo y
terminar, así, con la pobreza rural.
El Ministerio de Agricultura está apoyando todos los procesos con
diferentes iniciativas y muchas de ellas ya están teniendo un impacto
importante, como la preparación de tierras para cultivos de ciclo corto,
la distribución de fertilizantes, cepas, plantas in vitro y semillas,
el control de plagas, la vacunación contra enfermedades del ganado y la
construcción de más de 700 huertos comunitarios.
Por otra parte, además, de la mejora de los caminos rurales que ya
mencioné, estamos contribuyendo a reducir el impacto de las sequías con
la perforación de 320 pozos tubulares y la construcción de más de 52
lagunas en las zonas ganaderas del país.
Es importante recordar que esta fuerte dinamización del campo tiene también un notable impacto en el empleo temporal.
Miles de personas se ocupan, por ejemplo, de la reparación de caminos
y canales, transporte y distribución de materiales, control de plagas,
labores de poda, fertilización, aplicación de pesticidas, etc.
Paralelamente, para facilitar el comercio de nuestros productos a
precios ventajosos, tanto para los productores como para la población,
estamos creando una red de mercados que ofrece servicios de logística
según estándares internacionales. Estamos poniendo en marcha el Merca
Santo Domingo, que es una obra que dejó finalizada la administración
pasada, y pronto iniciaremos la construcción del Merca Cibao en
Santiago, así como una red de nuevos mercados minoristas y un matadero
regional en el Este.
Quiero mencionar también el proyecto de reconversión de la
agricultura en el Valle de San Juan, recientemente anunciado. Esta
iniciativa nos permitirá evolucionar de los cultivos tradicionales de
escaso valor hacia una agricultura mucho más rentable y competitiva.
Nuestro objetivo último es incrementar la producción de los rubros
más importantes de la canasta básica familiar, y garantizar así la
soberanía alimentaria del país, además de fomentar la exportación. En
concreto, este año se espera una cosecha de 10.6 millones de quintales
de arroz, 962 mil quintales de maíz, mas de 500 mil quintales de
leguminosas, 6 millones de quintales de raíces y tubérculos, y casi 9
millones de quintales de hortalizas.
Por su parte, al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario
(FEDA) se le asignó una partida extraordinaria de 125 millones de pesos
para el último cuatrimestre del 2012, y este año cuenta con mil millones
de pesos, lo que le ha permitido multiplicar su labor en las
comunidades.
Ya ha llevado a más de 80.000 familias recursos para la producción de
alimentos y construcción de pequeñas obras de infraestructura
productiva, como invernaderos, apiarios, granjas de aves, estanques
piscícolas, etc.
De esta forma incorporamos a miles de familias de bajos recursos a la actividad productiva y al progreso.
De la misma forma, tanto el Ministerio de Obras Públicas como el
INDRHI y los organismos de agua potable trabajan sin descanso en la
recuperación de más de 3 mil kilómetros de zonas de riego, y en la
mejora del servicio de agua, como parte de un esfuerzo colectivo, para
elevar las condiciones de vida en las zonas rurales.
El INDRHI tiene obras en ejecución para este año por valor de más de 5
mil millones de pesos. Mientras que La Corporación de Acueducto y
Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ejecutará alrededor de mil
quinientos millones más.
Solo en los últimos seis meses, la corporación ha logrado incrementar
el volumen de agua que diariamente recibe la población en 47 millones
de galones, logrando beneficiar a casi 600 mil habitantes. En adición ha
terminado 27 proyectos más, que han mejorado el servicio de agua
potable para 1 millón 600 mil personas del Gran Santo Domingo.
Señoras y señores,
No puedo hablarles del desarrollo del campo sin referirme a un asunto
fundamental: La propiedad de la tierra. Sabemos que ese derecho a la
propiedad es el primer paso para alentar la producción.
Tenemos el firme compromiso de titular, a través de la Comisión
Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, alrededor de 7 mil
predios urbanos y rurales antes de que finalice el primer semestre de
este año. Además, vamos a entregar alrededor de 15 mil títulos
adicionales al final de segundo semestre de 2013, es decir,
finalizaremos el año con 20 mil nuevos inmuebles titulados.
Esto permitirá a miles de familias poner fin a años de incertidumbre,
acceder a créditos y cultivar con entusiasmo la tierra que les
pertenece. La meta para los próximos 4 años es titular más de 150 mil
inmuebles entre terrenos agropecuarios y viviendas sociales.
Sin embargo, no es este un esfuerzo que pueda realizar el gobierno en
solitario. Por eso, quisiera hacer un llamado especial al Poder
Judicial dominicano. Para que aunemos esfuerzos y trabajemos juntos en
el fortalecimiento de los órganos de gestión de la Jurisdicción
Inmobiliaria y la simplificación de los procesos de titulación. Así,
lograremos alcanzar con éxito nuestras metas y garantizar la seguridad
jurídica inmobiliaria en la República Dominicana.
Señoras y Señores
De esta forma, con todas estas medidas estamos, poco a poco, cambiando el rostro del campo dominicano.
Y en paralelo con el desarrollo rural hemos seguido impulsando la locomotora de nuestro crecimient
Me refiero al sector turístico.
En 2012, y a pesar de las condiciones económicas adversas, nuestro
sector turístico registró un crecimiento de casi 6% en el número de
visitantes no residentes, lo que se tradujo en ingresos en divisas por
más de 4 mil 500 millones de dólares.
En los últimos 6 meses he visitado unos 10 proyectos turísticos
nuevos o que se han relanzado en el país. Eso da muestra de la buena
salud de nuestro sector, además de la confianza de los inversionistas.
Desde el gobierno estamos impulsando también proyectos para reactivar
el sector, como el relanzamiento de la ciudad colonial de Santo Domingo
y las ciudades de Puerto Plata y Samaná.
También estamos apostando con fuerza al turismo de cruceros. Como
resultado de los trabajos que se realizan, durante este año una
importante línea iniciará operaciones de Puerto Base, tocando a La
Romana y Santo Domingo y otra línea más reiniciará, en las mismas
condiciones, operaciones que había suspendido.
Esto implica la apertura de nuevas oportunidades para ofertar bienes y
servicios locales, especialmente productos alimenticios provenientes de
la agropecuaria y la industria nacionales. Para que tengamos una idea
de lo que esto significa, sólo en 2012 una línea de cruceros adquirió
250 mil dólares semanales en alimentos y productos dominicanos.
Honorables Asambleístas,
Estoy convencido de que una clave para transformar nuestro país, para
lograr crecimiento con justicia social, para incluir a las grandes
mayorías populares en el tejido económico y fortalecer nuestra clase
media, es apoyar a nuestros emprendedores. Especialmente a las MIPYMES,
que con un pequeño impulso pueden convertirse en el sustento de una
familia.
Con este propósito, a las pocas semanas de iniciar el gobierno, se
lanzó el programa más ambicioso que jamás se haya implementado en el
país en apoyo a las MIPYMES.
Con este plan perseguimos la creación de empleo e ingresos para
nuestros microempresarios mediante la formalización, el acceso a crédito
y asistencia técnica y la participación en los programas de compras del
sector público.
Estamos uniendo todos los esfuerzos para derribar las barreras que se interponen en el crecimiento de este importante sector.
Así, por ejemplo, hace unos meses se inició un plan para facilitar la
formalización de PYMES mediante la creación de una ventanilla única que
permite que las empresas realicen, en un solo lugar, todos los trámites
que sean necesarios para constituirse.
De la misma forma, estamos utilizando el poder de compras del Estado
para incrementar la demanda de bienes y servicios por parte de las
PYMES.
En el 2013, las compras gubernamentales al sector están
presupuestadas en aproximadamente 33 mil millones de pesos, cifra sin
precedentes que, sin duda, dinamizará notablemente este sector.
Para apoyar a las MIPYMES el gobierno dominicano tiene varios
programas de financiamiento. La recientemente creada “Banca Solidaria” o
"Banco de los Pobres" y el programa PROMIPYME, han aprobado y
desembolsado, desde el 1 de septiembre, préstamos por más de 800
millones de pesos. Con los que se ha beneficiado a 10 mil 200 Micro y
Pequeños empresarios.
Cabe señalar que de este total el 90% pertenecen a la nueva Banca
Solidaria y solo el 10% al programa regular de PROMIPYME. Por su parte,
Banreservas ha aprobado 774 solicitudes y desembolsado 780 millones de
pesos, mientras que la Fundación Banreservas ha aprobado 75 millones de
pesos, para un total de dos mil 533 préstamos a microempresarios.
Detrás de estas cifras hay miles de personas, especialmente mujeres,
que durante años no tuvieron acceso al crédito y ahora, por primera vez,
ven realizado su sueño de tener un pequeño negocio, con el que puedan
echar hacia adelante a sus familias. Es, por tanto, otra herramienta
fundamental para la creación de empleo y oportunidades.
Sin embargo, nuestro apoyo al desarrollo del aparato productivo no se limita únicamente a las MIPYMES.
En abril de 2012, en el marco del Segundo Congreso de la Industria
Dominicana, nos comprometimos a favorecer un entorno competitivo para
este sector, conformado tanto por las industrias que producen para el
mercado local, como por aquellas que lo hacen en las zonas francas para
el mercado de exportación.
Cumplir con este compromiso, no es solo un deber moral, sino también
una forma de apoyar nuestro propio proyecto de país. Porque significa
crear nuevos empleos formales, incrementar la producción de divisas y
reducir las importaciones de bienes terminados, que se producen ya en la
República Dominicana.
Es por eso que hemos abierto un espacio de diálogo permanente entre
los representantes de estos sectores y los ministerios de la Presidencia
y de Industria y Comercio, fruto del cual se han adoptado varias
medidas que, desde hace meses, favorecen el acceso a financiamiento y
compras gubernamentales de las industrias nacionales.
De la misma forma, seguiremos apoyando la notable recuperación del
sector de zonas francas, que ha vuelto a ocupar el primer lugar en la
producción de divisas, así como el encadenamiento productivo de todas
las industrias instaladas en el país, para crear un entorno de equidad
fiscal y competencia armónica, con una meta común: conquistar el mercado
internacional.
Honorables Asambleístas,
Les hablo de crecimiento y desarrollo y no puedo, por supuesto, pasar
por alto un elemento fundamental en ese camin el sector eléctrico.
Este es un problema que arrastramos desde hace varias décadas y que
sufre todo el país. No existen soluciones sencillas para abordarlo, sin
embargo, nuestro gobierno está decidido a actuar con responsabilidad y
poner en marcha un plan integral para darle una respuesta definitiva.
Tenemos la voluntad política y esperamos contar con el apoyo y el
consenso de toda la sociedad para deshacernos, de una vez por todas, de
este lastre que hasta hoy sigue frenando el progreso en nuestro país.
Como muchos saben, nuestro sector eléctrico arrastra un déficit
insostenible de más de 100 millones de dólares mensuales.
Desde la crisis de precios del petróleo del año 2008 al 2011, el
gobierno ha transferido por concepto de subsidio al sector eléctrico un
monto promedio anual superior a los mil millones de dólares.
Esto significa que en los últimos cinco años el sector eléctrico ha
requerido más de cinco mil 500 millones de dólares. Es decir, más de 240
mil millones de pesos.
Este déficit es producto de 3 problemas fundamentales: el primero de
ellos es el alto costo de generación, debido a que más del 60% de la
energía que producimos proviene de derivados del petróleo.
El segundo problema son las altas pérdidas de las empresas
distribuidoras, producto tanto del mal estado de las redes como del robo
de energía, que se traduce en cientos de millones de dólares no
recaudados cada año.
Y en tercer lugar, arrastramos también deficiencias en la gestión de las empresas del sector que necesitan ser corregidas.
Es verdad que en los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo en
el sector para reducir las pérdidas, aumentar los cobros y optimizar la
compra de energía a las generadoras. Además, la tarifa eléctrica
aumentó en dos ocasiones entre 2009 y 2011, en el marco del acuerdo con
el Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, este gran esfuerzo se ha diluido por los altos precios
de compra de energía que enfrentan las empresas distribuidoras, muchos
de los cuales están determinados por los contratos existentes.
Teniendo en cuenta todo esto, la estrategia integral que hemos
diseñado para el sector consta de tres pilares, que dan respuesta a cada
uno de los tres retos que enfrentamos.
En primer lugar, vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes para
aumentar la capacidad instalada y modificar simultáneamente la matriz de
combustible degeneración. Dicho de otra forma, vamos a producir más
energía, y lo haremos a través de fuentes que nos permitan reducir
nuestra dependencia del petróleo.
De acuerdo con las proyecciones de crecimiento económico del país,
los cálculos realizados nos dicen que en el 2016 deberíamos tener
instalada una capacidad efectiva de 3 mil 800 megavatios. Eso significa
que debemos instalar alrededor de mil 500 megavatios adicionales.
Considerando las actuales tecnologías y combustibles disponibles,
estas nuevas facilidades deberán incluir plantas de ciclo combinado a
gas natural, plantas a carbón, y plantas en base a energías renovables,
que demandarán inversiones por más de 3 mil millones de dólares, solo en
el sector de generación.
En concreto, nuestro Plan incluye las siguientes acciones, que
reducirán el déficit del sector entre 600 y 800 millones de dólares.
Como primera medida, se dará inicio de manera inmediata a los
procesos para la contratación por parte del Estado de la construcción de
dos plantas a carbón de 300 MW cada una. Además, vamos a concluir las
negociaciones para la adquisición, y el suministro de gas natural a
precios que hagan viable la instalación de dos Ciclos Combinados de 300
megavatios a gas natural.
Simultáneamente, vamos a facilitar la optimización de los recursos
existentes, ya sean de carácter privado o de propiedad mixta, para
ampliar la capacidad instalada en al menos 600 megavatios más a gas y/o
carbón.
Además, vamos a finalizar los proyectos de pequeñas hidroeléctricas,
que están en marcha. Iniciaremos en un esfuerzo conjunto con el Programa
de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la
construcción de 19 minicentrales hidroeléctricas comunitarias. Esto nos
permitirá hacer llegar el suministro por primera vez a más de 2 mil 100
familias de áreas montañosas del país.
El plan previsto hasta 2016 contempla la construcción de 50
minicentrales, que llevarán luz y progreso a un total de 5 mil 500
familias de nuestras zonas más apartadas.
Paralelamente vamos a invertir alrededor de 224 millones de dólares en proyectos de Transmisión.
Esto incluye la finalización de líneas como Julio Sauri -Paraíso o el Cruce San Juan.
La construcción de subestaciones en Dajao, Herrera, Arroyo Hondo, San
Juan de la Maguana, Cruce Cabral, San Cristóbal y Hato Mayor, entre
otras.
El segundo gran pilar de nuestro plan, son la medidas destinadas a
reducir las pérdidas. Y aquí es importante resaltar, que hay dos tipos
de pérdidas. Por un lado, existen pérdidas técnicas, que vamos a
afrontar con la puesta en marcha de un plan de expansión, que supondrá
una inversión de 220 millones de dólares, para el cual ya se ha
identificado financiamiento con Agencias de Exportación y Organismos
Multilaterales.
Este plan, que nos permitirá garantizar la calidad del servicio,
incluye la construcción de 21 nuevas subestaciones de distribución, y la
ampliación del calibre de los conductores de 900 kilómetros de redes de
media tensión.
Sin embargo, y esto es algo en lo que me gustaría detenerme, hay un
enorme caudal de pérdidas mensuales, que no son técnicas. Que son,
digámoslo claramente, producto del hurto y de la irresponsabilidad de
los usuarios.
Y en este sentido, quiero hacer hoy un llamado a todos los
dominicanos y dominicanas. La solución al problema eléctrico no llegará
mientras no tomemos conciencia, cada uno de nosotros, de la importancia
de nuestra contribución.
Es cierto, y el gobierno así lo asume, que hay sectores de escasos
recursos, que necesitan ser subsidiados para recibir energía. El
gobierno va a continuar apoyando a esos sectores, no les quepa duda a
nadie.
Pero también es cierto que hay otros muchos usuarios, que podrían
pagar por el servicio y, sin embargo, están haciendo un uso indebido de
los recursos. Hablamos de cientos de millones de dólares, que podrían
ser invertidos en nuevas instalaciones, en mejor tecnología y en
abaratar costos, y que sin embargo, se quedan cada año en los bolsillos
de usuarios, que maliciosamente, deciden no pagar.
No podemos permitir, que esa situación de impunidad continúe. Es
necesario afrontar este asunto con responsabilidad. Ya no sirve la
excusa, de que el servicio no es bueno, y por eso no lo pago. Desde el
gobierno estamos decididos a romper esa espiral, pero necesitamos
también, que se genere un cambio de actitud, en la cultura de la
población.
Nos comprometemos, desde hoy, a iniciar las inversiones necesarias.
Vamos a mejorar el suministro, la atención, y los costos de generación,
pero también vamos a reforzar la vigilancia, para terminar con los
abusos.
La meta que nos hemos propuesto, es llevar las pérdidas del 36% actual a un 25% al final del año 2016.
Para que se hagan una idea de lo que perdemos anualmente, por
aquellas personas que consumen energía y no la pagan, solo esa reducción
del 11% en las pérdidas, significará una recaudación adicional de cerca
de 200 millones de dólares anuales.
Las acciones que vamos a desarrollar, se enfocan en dos frentes
fundamentales: en primer lugar, implementaremos una moderna Plataforma
de Tele-medición en las Distribuidoras, que incluirá un software de
última generación, así como la instalación de 500 mil nuevos
tele-medidores y 43 mil equipos de medida para macro-mediciones. Esto
permitirá, monitorear y controlar la energía servida a los clientes
industriales, comerciales y residenciales, localizados en los grandes
centros urbanos de todo el país.
En segundo lugar, rehabilitaremos las redes eléctricas e instalaremos
700,000 nuevos medidores a clientes ubicados en circuitos suburbanos y
municipios donde se registran los mayores niveles de pérdidas del país.
Aplicaremos soluciones técnicas y comerciales, para reducir el fraude y
ampliar la continuidad del servicio a 24 horas, apoyados en una gestión
social, enfocada en educar y comprometer a las comunidades, con el
cambio de cultura del pago del servicio eléctrico.
Toda esta transformación implicará comprometernos con un plan de
inversión de cuatro años, a razón de 145 millones de dólares por año,
que será agenciado, con la banca multilateral y agencias de exportación.
Por último, el tercer pilar del plan integral para el sector
eléctrico, la mejora en la gestión de las empresas del sector, incluye
acciones en cuatro ámbitos fundamentales: comercial, financiero,
tecnológico y legal. Las reformas abarcan desde mejoras en la
recaudación y la calidad del servicio, hasta estrategias para maximizar
la capacidad de financiamiento, optimización de las estructuras
tecnológicas y creación de mecanismos legales para sancionar a quien
viole la ley.
En definitiva, se trata de un esfuerzo sin precedentes para la completa modernización del sector.
Nuestro objetivo es que al final del periodo presidencial podamos dar
por resuelto este problema de forma definitiva y encarar una nueva
etapa para el desarrollo en nuestro República.
Honorables asambleístas,
Dominicanos y Dominicanas,
Quiero darles ahora algunas pinceladas sobre el contexto
macroeconómico que vive nuestro país y que, si bien nos plantea
importantes retos, también es motivo de optimismo para nuestro gobierno.
A pesar de las dificultades originadas en el entorno internacional,
nuestro país cerró el año 2012 con un crecimiento cercano a 4%, superior
al promedio de 3.1% que alcanzó América Latina según estimaciones de la
CEPAL.
Desde el gobierno reiteramos hoy nuestro propósito de trabajar sin
descanso para que la economía siga creciendo, y también para garantizar
que sus frutos se distribuyan equitativamente.
Es importante resaltar que prácticamente todas las economías del
mundo vieron enfriarse su crecimiento en 2012, incluyendo China y la
India, que parecían invulnerables. Afortunadamente las últimas noticias
provenientes de los EUA, Europa y Asia apuntan hacia cierto mejoramiento
durante el 2013.
Varios sectores tuvieron en 2012 un desempeño positivo, destacando la
minería que creció 42%. Energía y agua, que aumentó 7.7%.
Intermediación financiera con 7.3%. Salud, con 5.9%. Enseñanza con 4.5%.
La agropecuaria, con un incremento de 4.1%. El comercio con 4%.
Transporte 3.4%. Y hoteles, bares y restaurantes, que creció lo mismo
que el sector comunicaciones, 3.2%.
Fruto de ese desempeño, el PIB per cápita de la República Dominicana
alcanzó un nivel de 5 mil 762 dólares y, así, el producto total
dominicano, es el más alto de la región de Centroamérica.
La inflación fue de 3.9%, la más baja de los últimos veinte años y,
aunque en 2013 subirá algo como efecto inmediato de los ajustes
impositivos que fueron aprobados, se espera que no supere el 5%, por el
firme compromiso de la actual gestión con el mantenimiento de la
estabilidad macroeconómica.
Como una forma de estimular la economía, y considerando la baja tasa
de inflación, la autoridad monetaria viene aplicando, cuidadosamente,
una política de reducción de las tasas de interés de referencia,
influyendo sobre las tasas bancarias y fomentando así la reactivación
del crédito al sector privado, a partir del segundo semestre del año
pasado.
En efecto, entre los meses de agosto y diciembre de 2012, los
préstamos al sector privado, tanto en moneda nacional como en moneda
extranjera, aumentaron en casi 31 mil millones de pesos, revertiéndose
la tendencia a la baja que se había observado durante la primera parte
del año anterior.
Pese al lento crecimiento económico de la UE y los Estados Unidos,
las exportaciones dominicanas lograron crecer durante 2012, superando
los 9 mil millones de dólares que, si bien no es suficiente para
corregir el déficit externo, constituye el mayor nivel en la historia
dominicana.
Es importante destacar el repunte que están experimentando las Zonas
Francas, que reportaron exportaciones cercanas a los 5 mil millones de
dólares, mostrando la clara recuperación, fruto de una mayor
diversificación del sector.
Las remesas, sin embargo, sufrieron una leve reducción de 1.3%,
debido, fundamentalmente, a la situación de desempleo que registran los
países europeos donde residen muchos dominicanos, como es el caso de
España.
A pesar de ello, los recursos recibidos de los dominicanos en el exterior ascendieron a 3 mil 158 millones de dólares en 2012.
Desde hace algún tiempo, el sector financiero se mantiene fuerte y en
crecimiento, pues se adoptaron las decisiones para fortalecer la
regulación y vigilancia, de modo que hoy exhibe altos niveles de
capitalización, estabilidad, solidez y solvencia.
Sus activos totales se incrementaron en 9.1 % en 2012. Sus clientes
registran niveles de morosidad o atrasos de apenas 3.4% y la solvencia
consolidada de todos los intermediarios financieros es de 18.2%, muy
superior al 10% que exigen los estándares internacionales.
El gobierno ha mostrado desde el primer día su actitud responsable en
el manejo macroeconómico y aplicó a partir de agosto una política de
control y racionalización del gasto, que permitió que de septiembre en
adelante las erogaciones se redujeran casi la mitad con respecto al
nivel que mantenían en los meses previos.
La nueva administración ha emprendido una lucha frontal contra el
déficit presupuestario, para alejar el fantasma de la inestabilidad
macroeconómica.
La gestión financiera del Estado Dominicano se está transformando,
para que no siga siendo vista con recelo por los organizaciones
internacionales y por nuestros propios ciudadanos. Es preciso someter a
las instituciones públicas a un proceso de reingeniería para que
desarrollen la capacidad necesaria para impulsar esta visión. Tenemos
que cambiar los hábitos y actitudes entre nuestra burocracia, y yo estoy
vigilando para que así se haga.
Señoras y señores
Nuestro gobierno tiene un firme compromiso con el principio de la
seguridad jurídica para la inversión. Soy un fiel creyente en la sana
inversión extranjera para estimular el crecimiento del ingreso, el
empleo, la reducción de la pobreza y la generación de divisas, en
economías emergentes como la nuestra.
En este contexto, quiero ahora referirme a un tema que desde hace
meses se viene debatiendo en el país, y sobre el cual un número
creciente de sectores, grupos, y líderes de la sociedad dominicana han
estado reclamando una definición del Gobierno. Me refiero, al contrato
entre el Estado dominicano y la empresa Barrick Pueblo Viejo.
La inversión extranjera que se ha producido en el Proyecto Barrick
Pueblo Viejo es la de mayor envergadura que ha tenido lugar en el país
en toda la historia.
Se estima que la inversión realizada alcanza más de 3 mil millones de
dólares, monto que deberá ser validado por la auditoría que el Estado
dominicano contrató con la SGS de Suiza.
Estoy convencido de que la Barrick es una empresa seria, comprometida
con una minería responsable, y cumplidora de las normas y mejores
prácticas para proteger nuestro medio ambiente.
Dicho lo anterior, paso a referirme a un aspecto que consideramos
merece atención especial, tanto por parte del Gobierno como de la
empresa Barrick Pueblo Viej los beneficios fiscales que genera el
proyecto y la nueva situación que se ha presentado, luego de que los
precios del oro en el mercado de Londres hayan registrado niveles de
entre mil 600 y mil 900 dólares la onza en los últimos años, como
consecuencia de la fuerte expansión de la liquidez mundial y la
incertidumbre provocada por el colapso de Lehman Brothers en septiembre
de 2008.
El 25 de marzo de 2002, fecha en que se aprobó el Contrato para la
explotación del oro entre el Estado dominicano y la empresa Placer Dome,
el precio del oro en el mercado de Londres cerró en 298 dólares la
onza.
Ese contrato fue adquirido por Barrick Gold cuando el 19 de enero del
2006 esta empresa compró las acciones de Placer Dome. El día de la
compra de las acciones, el precio del oro cerró en 555 dólares la onza.
El 27 de septiembre del 2007, Barrick Gold solicitó, a través de
carta dirigida a la Ministerio de Industria y Comercio, la
flexibilización de los aspectos fiscales del contrato que el Gobierno
había acordado con Placer Dome. Ese día el precio del oro cerró en 732
dólares la onza.
A pesar de que el Gobierno dominicano podía aferrarse a lo
establecido en el Contrato original con Placer Dome, mostrando una
actitud de apertura y flexibilidad, aceptó sentarse en la mesa de
negociación con la empresa Barrick Gold, para revisar los aspectos
fiscales del Contrato que esta había adquirido.
El 11 de noviembre de 2009, la Cámara de Diputados aprobó la enmienda
al contrato con Placer Dome, en el cual se establecieron modificaciones
al régimen fiscal del contrato.
Como acertadamente sentenció el Presidente Barack Obama en su
discurso inaugural el pasado 21 de enero, “cuando los tiempos cambian,
nosotros también debemos cambiar”. Y nadie, absolutamente nadie, puede
negar que luego de la crisis financiera de 2008, los tiempos de hoy son
muy diferentes a los de principios de la década.
El hecho de que el precio del oro sea actualmente casi 6 veces más
alto que el de marzo del 2002, es un reflejo de la magnitud del cambio.
Fue eso lo que nos motivó, desde que asumimos la Presidencia de la
República el pasado 16 de agosto del 2012, a designar una Comisión
Oficial de Alto Nivel, bajo la coordinación del Ministro de la
Presidencia, con el mandato de iniciar conversaciones con los ejecutivos
de la empresa Barrick Pueblo Viejo.
El objetivo de la comisión es acordar modificaciones al esquema
fiscal establecido en el contrato, dado el cambio dramático que ha
tenido lugar en el precio del oro en el mercado de Londres.
Decenas de reuniones han tenido lugar en los últimos seis meses, sin
que a la fecha se haya logrado convencer a la empresa sobre la necesidad
y la urgencia de hacer las correcciones necesarias al esquema actual de
distribución de los ingresos, entre la empresa y el Estado dominicano,
derivada de la explotación del oro.
A lo sumo, lo único que la empresa ha ofrecido es la posibilidad de
adelantar el pago de impuestos futuros, lo que implicaría que el
Gobierno actual estaría apropiándose de recursos que le corresponderían a
las próximas administraciones.
Que no le quepa duda a nadie. Para quien les habla, una operación
como la planteada por los ejecutivos de Barrick Pueblo Viejo no encaja
dentro de los principios éticos y morales sobre los que se fundamenta
nuestra administración.
Bajo el esquema fiscal establecido en la más reciente versión del
contrato para la explotación de oro en Pueblo Viejo, con un precio
promedio de mil 700 dólares la onza de oro y 28 dólares la onza de
plata, la empresa Barrick Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de
costos operativos por 2 mil 600 millones de dólares en los dos primeros
años de producción, asumiendo exportaciones de 1 millón de onzas de oro y
poco más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la empresa estaría
recuperando el monto total invertido en poco más de dos años.
Nunca antes, en la historia de la humanidad, se ha verificado un caso
en el cual una empresa minera haya podido recuperar su inversión en tan
poco tiempo, mientras el Estado del país receptor de la inversión
estaría recibiendo migajas durante esos primeros años.
De los mil 753 millones de dólares de ingresos anuales de
exportación, el Gobierno dominicano apenas recibiría 56 millones de
dólares.
En otras palabras, durante los primeros años, de cada 100 dólares de
ingresos de la exportación de oro y otros metales, la Barrick recibiría
97 dólares y el pueblo dominicano tres.
Dominicanas y dominicanos.
¡Eso es sencillamente INACEPTABLE!
Estoy consciente que ni el Gobierno ni Barrick Pueblo Viejo tienen la
culpa de este resultado. La verdad es que ninguno de los dos previeron,
y quizás no podían prever, lo que iba a suceder con el precio del oro
luego de la crisis financiera global que estalló en septiembre del 2008.
Pero la realidad es que la situación cambió. Que las circunstancias
ahora son muy diferentes. Y si por mutuo acuerdo no modificamos los
términos fiscales del contrato durante los primeros años, la Barrick se
quedaría prácticamente con todo y el pueblo dominicano con nada.
Dominicanos y dominicanas,
Yo, Danilo Medina, les aseguro que eso no sucederá.
Quiero hacer hoy un último llamado a los ejecutivos de la Barrick
Pueblo Viejo para que accedan a revisar los aspectos fiscales del
contrato, pues el esquema actual de distribución de ingresos, luego del
alza en los precios del oro en el mercado mundial, es inaceptable.
Hasta ahora hemos sido pacientes. Pero la paciencia tiene un límite. Y
más para un gobierno que está a diario en la calle y ve dibujadas en el
rostro de nuestra gente las urgencias de una mayor inversión de
recursos, que le permitan mejorar sus condiciones de vida.
Si la empresa Barrick Pueblo Viejo mantiene la posición intransigente
que ha exhibido hasta ahora, el gobierno no se puede quedar de brazos
cruzados.
Pasado un plazo prudente, someteremos al Congreso Nacional un
proyecto de ley que establecerá un Impuesto sobre los Ingresos
Inesperados de las empresas exportadoras de minerales, el cual gravará,
con una tasa justa, el excedente entre el valor de las exportaciones de
minerales a los precios en el momento en que se realicen las mismas y el
precio de referencia para cada uno de los minerales.
Ese precio se fijará en función de los precios vigentes en los
tiempos en que los contratos originales fueron adquiridos u otorgados a
las actuales empresas dedicadas a la explotación de minerales. El
impuesto sobre los ingresos inesperados liquidado operaría como un
crédito para el pago del impuesto de participación sobre las utilidades
netas (PUN) de 28.75%.
Los ingresos que se obtengan de este impuesto serán destinados a la inversión social y al combate de la pobreza.
Estoy seguro que esta iniciativa recibirá el apoyo mayoritario y
expedito de los legisladores de todos nuestros partidos políticos
presentes en esta Asamblea Nacional.
Sé que algunas empresas argumentarán que sus contratos contienen
cláusulas de estabilidad fiscal durante la vigencia de los mismos que
impiden la creación de nuevos impuestos que las afecten.
