Esto significa que todo el que tenga solicitud de servicio pendiente tendrá hasta esa fecha para retirar sus documentos.
Aunque oficialmente ninguno de los partidos políticos que hacen vida
en el exterior ni las entidades comunitarias se ha pronunciado o
protestado abiertamente por la eliminación de los servicios, sectores
sociales organizan jornadas de protestas en oficinas gubernamentales,
principalmente en la propia Junta, a fin de rechazar la disposición.
El cierre de las oficinas de la JCE en el exterior significará un
retroceso para el votante dominicano en ultramar, ya que deberá
diligenciar documentación en la República Dominicana, lo que implica
mayores gastos.
La resolución en este sentido fue aprobada por el pleno de ese organismo el pasado 22 de diciembre.
El 15 de enero se cerrarán las solicitudes pendientes, por lo que la
JCE procederá a concluir el proceso de aprobación o rechazo de dichas
aplicaciones